www.librevista.com nº 55, setiembre 2023

Publicación del Premio librevista de ensayo 2023

Utopía urgente: garantizar un Ingreso Básico Universal

x Christian A. Mirza Perpignani[1]

El ingreso básico universal es a la democracia social lo que el sufragio universal a la democracia política.

 

Introducción

Según la Real Academia Española, una quimera es “...aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo”, empero, una utopía es un “...plan, proyecto, doctrina o sistema ideales que parecen de muy difícil realización”, pero no imposible. En Latinoamérica, la imposibilidad o limitación severa de las personas para asegurar un mínimo de bienestar es creciente y correlacionada a la precarización laboral, la destrucción de fuentes de empleo y la insuficiencia de los Estados en producir respuestas plausibles. Ya no constituye una novedad la transformación acelerada de los mercados de trabajo, con la consecuente pérdida de estabilidad y continuidad de los modos de producción, como tampoco es noticia la sustitución de la mano y la mente humanas por tecnologías avanzadas, en todos los sectores imaginables.

Hace cinco años, el supermercado de mi barrio contaba con seis empleados/as que cobraban personalmente a los clientes. Hoy en día, solo en horarios de mayor concurrencia funcionan tres empleados/as en forma simultánea, mientras se habilitaron las terminales autogestionadas para efectuar los pagos. Se reemplazaron así a los trabajadores, no todos fueron reabsorbidos en otras funciones y el impacto es evidente por la destrucción efectiva de puestos de trabajo.

Podría mencionar otra cantidad de ejemplos en todas las ramas de la economía, incluso en el sector de los servicios sociales. Esta realidad del mercado de trabajo, ligada a la concentración de la riqueza de la mano del empobrecimiento generalizado, la consolidación y extensión de las desigualdades sociales, de género, étnico-raciales, generacionales, entre tantas otras expresiones de la injusticia social, nos interpela con urgencia.

¿Esperar los grandes cambios, ilusionarse con reformas modestas o transitar por mínimos ajustes? Las respuestas pueden ser múltiples, incluso combinarse entre sí; también pueden ser de gran alcance o de referencia localista, considerar a toda la población o solo al estrato más necesitado; pueden ser a corto o largo plazo. Lo que parece evidente, al menos para mí, es la urgencia de una respuesta global y sostenida ante la hambruna, malnutrición y desnutrición; la falta de vivienda digna, el hacinamiento; la ausencia de ingresos económicos estables y suficientes; las penurias y tristezas evitables, las angustias de millones de familias, mujeres, hombres, niños y niñas, viejos y viejas.
En fin, la urgencia ante la ausencia de la vida digna. Es necesario a partir de dicha constatación, reconfigurar la red de protección social. En otras palabras, refundar con otras bases la propia Matriz de Bienestar.

Voy a exponer a continuación, los argumentos principales que justifican la implantación de nuevos modos de producir bienestar para la población, al menos uno de ellos: el Ingreso Básico Universal. Y, si me permiten el paralelismo, cuando el sufragio universal era considerado una utopía –hace apenas un siglo– como requisito imprescindible de las democracias políticas, actualmente el ingreso universal parece ser otra utopía asociada y como exigencia de la democracia social.
              

 

Latinoamérica y sus disyuntivas. Combatir la desigualdad.

El panorama después de la pandemia no ha trastocado sustancialmente la estructura de reparto de la riqueza, siendo mayor la brecha que separa a los más ricos de los más pobres. Ya no se trata de combatir la pobreza, tal y como expresaban varios organismos mundiales y los gobiernos, en los ochentas y noventas.

Se trata de combatir la riqueza. Y lo sostengo convencido de que una es el anverso de la otra. Si disminuimos la apropiación de la renta de unos pocos que tienen mucho, habremos de mejorar a los que tienen poco o nada, claro está como estrategia fundada en políticas redistributivas de carácter progresivo.

Los datos ilustran un panorama duro y triste para una porción muy grande de las poblaciones; en efecto, al considerar los principales indicadores relativos a las condiciones de vida, el Panorama Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL[2] , se registran las severas carencias y limitaciones –ora coyunturales, ora estructurales– que millones de personas padecen desde varias décadas. Para empezar, la pobreza sigue siendo un grave problema en nuestra región, mas no el único. Tal vez igual o más grave lo sea la desigualdad histórica.

A fin de ilustrar dicho panorama, consignamos algunos datos proporcionados por la CEPAL: en América Latina y el Caribe la pobreza que había descendido de 230 millones en el año 2002 a 164 millones en 2014, hubo de estancarse y retomar una tendencia alcista, ubicándose en 191 millones de pobres en el año anterior a la declaración de la pandemia. Aun cuando, durante la pandemia, los gobiernos desplegaron medidas mitigatorias en formatos diversos, la pobreza en el año 2022 se ubicó en 32,1% lo que significa alrededor de 201 millones de personas, en tanto que la extrema pobreza registraba un 13,1%, es decir 82 millones de personas que no pudieron cubrir sus necesidades de alimentación. Por otra parte, la desigualdad se mide con diferentes metodologías y se expresa con diversos indicadores, siendo el más utilizado el conocido coeficiente de Gini, que va del 0 al 1, siendo que la desigualdad absoluta se expresa en 1 y la igualdad absoluta en 0.
En el año 2002, este indicador se ubicó en 0.50 y durante el presente siglo fue descendiendo lentamente. En el 2019, se colocó en 0.44, para subir a casi 0.45 en el año 2021.

No obstante, si se observa la tendencia de acumulación de renta de los sectores más ricos, se aprecia con mayor nitidez la concentración desigual de la riqueza en la región. En el año 2016, el reporte realizado en conjunto entre la CEPAL y OFXAM[3] señalaba que “...el 10% más rico de América Latina y el Caribe posee el 71% de la riqueza y tributa solo el 5,4% de su renta”, lo que refleja la desigualdad obscena de nuestra región, amparada por un tratamiento privilegiado de los millonarios a cuenta del “derrame” anunciado una y otra vez por las élites políticas y económicas.
Fundados en la tesis liberal de favorecer la inversión, la libre movilidad del capital y la generación de las mejores condiciones para la creación de empleo, estos principios rectores suponen una carga fiscal leve o incluso su exención. La pandemia exacerbó este paradigma, de modo que, si bien en el primer año hubo una disminución relativa de la apropiación de la riqueza por parte de los sectores más ricos, “...la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó en la mayoría de los países de la región. La caída de los ingresos laborales del trabajo asalariado en los quintiles más pobres fue el factor que más incidió en el alza de la desigualdad”[4] .

Un dato publicado por FORBES en 2021 y citado por CEPAL, revela la riqueza acumulada por apenas un puñado de privilegiados: “... indica que en 2021 existen en América Latina 104 milmillonarios, con un patrimonio total de 446.600 millones de dólares”[5] . La cifra supera mi imaginación, no lo niego, sin embargo, ofrece apenas una muestra de la flagrante injusticia socioeconómica que coloca a Latinoamérica a la cabeza mundial de la desigualdad. Ingentes recursos destinados a combatir la pobreza y poco se ha hecho para combatir la riqueza.
He aquí un asunto crucial que, desde luego, no se reduce a una sola solución, pero que interpela las políticas hasta ahora implementadas por las élites políticas. Aun admitiendo las mejoras de varios indicadores durante el siglo XXI, no se produjo el quiebre sustancial que sugiera un cambio de paradigma. 
   

 

Justificación ética. Entre la riqueza obscena y la pauperización.

Para algunos la distribución de la renta se ajusta o es el reflejo de los merecimientos en la estructura de oportunidades que nos brinda el sistema capitalista, en otras palabras, los ricos se lo han ganado y los pobres se lo han perdido.
Thomas Piketty dice: “En las sociedades contemporáneas, el relato dominante es fundamentalmente el propietarista, empresarial y meritocrático: la desigualdad moderna es justa, puesto que deriva de un proceso libremente elegido en el que todos tenemos las mismas posibilidades de acceder al mercado y a la propiedad”.[6]

Ciertamente, en las sociedades contemporáneas se ha exacerbado el concepto de merecimiento, tal y como sostiene Michael Sandel, se justifica y “explica” la razonabilidad del éxito para algunos y el fracaso concomitante de los otros. El régimen económico capitalista, hegemónico –al parecer victorioso– les ofrece a todos/as, las oportunidades para la obtención del máximo bienestar posible, según y en orden al esfuerzo desplegado en sus respectivos itinerarios vitales; para Sandel: “...esta retórica de las oportunidades la resume el conocido lema según el cual, si alguien trabaja duro y cumple las normas, debe poder ascender donde sus aptitudes lo lleven”[7] .

Mucho esfuerzo humano y abnegado trabajo despliegan millones de campesinos, obreros, cartoneros, productores familiares, trabajadoras zafrales y jornaleros de la construcción, empleadas de tiendas, vendedores ambulantes, entre tantos otros empleos que configuran el panorama de los mercados de empleo. Sin embargo, la acumulación de riqueza se ha exacerbado en el último decenio, aun con mejoras relativas de los salarios medios o el incremento modesto de los salarios mínimos. La “aceptación” de las reglas de juego no implica necesariamente un juicio consensuado acerca de la justicia, toda vez que emergen voces discordantes que interpelan los hechos consumados y la invariabilidad de las condiciones de vida de los millones de personas que sobreviven con ingresos mínimos.

La desigualdad no es económica sino ideológica, tal el postulado de Piketty en su Capital e Ideología, que, por cierto, comparto en todos sus términos:   
“La desigualdad no es económica o tecnológica: es ideológica y política[...]. Dicho de otro modo, el mercado y la competencia, los beneficios y los salarios, el capital y la deuda, los trabajadores cualificados y los no cualificados, los nacionales y los extranjeros, los paraísos fiscales y la competitividad no existen como tales. Son construcciones sociales e históricas que dependen completamente del sistema legal, fiscal, educativo y político que decidimos establecer. Estas decisiones dependen, sobre todo, de la interpretación que cada sociedad hace de la justicia social y de qué entiende por una economía justa, así como de las relaciones de poder políticas e ideológicas entre los diferentes grupos y discursos presentes”.[8]

La evidencia es suficiente para provocar la rebeldía, sin embargo, esta no se traduce en alzamientos masivos, sino se manifiesta y es una función de los recursos y capacidades de los actores y movimientos sociales (sindical, campesino, etc.), que apelan al repertorio de posibilidades de la acción social colectiva. Con gobiernos más progresistas (en general), el conflicto distributivo se dirime en negociaciones mediadas por el Estado (consejos de salarios, paritarias)[9] . No obstante, no está en discusión ni se recusa el fundamento normativo del merecimiento, toda vez que –aceptando las reglas del juego– se asume naturalmente la diferencia de posiciones de los sectores o clases sociales en la pugna distributiva. No tengo espacio para una discusión más profunda que ameritaría analizar las proposiciones de las diversas teorías de la justicia (Rawls, Sen, Dworkin, entre tantos), pero lo que queda claro es la aceptación –tout court– de los límites del capitalismo (coordinado o liberal). Resulta, en consecuencia, la urgente necesidad de interpelar los fundamentos éticos o normativos sobre los cuales se asienta la distribución de la riqueza.

 
Cuando el empleo no garantiza todo  

Un aumento de la tasa de empleo no supone de suyo, la suficiencia y la calidad del mismo de modo que permita a todos los trabajadores/as subvenir a sus necesidades y las de sus familias. Al menos por dos razones, la primera asociada al empleo o trabajo informal y la segunda, porque el nivel de retribución salarial, suele ser insuficiente, bajo o inadecuado. Si bien es cierto que la movilidad ascendente es posible por medio del empleo y del incremento en los niveles de educación y el trabajo es una de las modalidades por excelencia para favorecer la integración social, no menos cierto es que no resulta ser “condición necesaria y suficiente”.
Basta recorrer la dilatada historia latinoamericana de los mercados de empleo, sus comportamientos cíclicos y sus limitaciones. La pandemia desnudó por completo lo que, durante décadas constituyó un problema más estructural que coyuntural. En este sentido, la OIT[10] informa que la tasa de desempleo –promedio regional– trepó al 10.8% en 2020, siendo que, el trabajo informal traccionó la recuperación de la ocupación en porcentajes que oscilaron entre el 40% y el 80% del aumento neto de trabajo, según sea el país considerado. Históricamente, la característica de informalidad del mercado de empleo en nuestro subcontinente ha sido de tasas muy elevadas, colocando a las grandes mayorías de trabajadores por fuera del régimen previsional.
En otras palabras, no realizar cotizaciones y aportes a la seguridad social en el polo contributivo, expone a los y las trabajadoras a la desprotección casi total, obturando el retiro decente y concomitantemente, no contar con coberturas o prestaciones asociadas al empleo formal durante la etapa activa.

Según un Informe del BID de 2021[11] , en los quince años precedentes a la pandemia, la informalidad superaba el 50% en promedio en Latinoamérica, llegando a superar el 80% en Guatemala y Honduras. 

    

 

Ingreso básico Universal, garantía de la existencia humana

A lo largo de la historia, varias han sido las propuestas e iniciativas como respuestas al drama socioeconómico de la carencia o pobreza monetaria y patrimonial. Desde el libelo presentado por Thomas Paine en 1797[12] , hasta la refinada elaboración intelectual del economista Philippe van Parijs en 1992[13] , cuya obra más divulgada Libertad Real para Todos fundamenta éticamente la necesidad de una renta básica universal, numerosas han sido las ideas similares, con diferente grado de sofisticación, tanto en su formulación normativa, como en sus cálculos fiscales. No pretendo realizar una detallada exégesis de los innumerables textos que la desarrollan, sino problematizar sus fundamentos y su pertinencia actual en contextos mundiales que interpelan la diversidad de mecanismos y dispositivos de protección social y producción de bienestar para la mayoría de los ciudadanos.

El fundamento republicano de un Ingreso Básico Universal (IBU) reposa en la consideración del ciudadano como titular de derechos y al Estado como garante de su pleno ejercicio. Asimismo, el IBU puede ser visto como una respuesta a las crisis cíclicas del capitalismo, o como una forma de asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo, incluso como modalidad instrumental para garantizar la reproducción de consumidores.

Sin embargo, a mi modo de ver es –esencialmente– una respuesta ética y republicana a las necesidades básicas de los/as ciudadanos/as; es asumir la exigencia de garantizar la existencia material digna de las personas. Para ello, el IBU consiste en asignar a toda persona un ingreso monetario, sin exclusiones ni condiciones, para enfrentar sus necesidades humanas más básicas.

El debate no es oponer el IBU al empleo (falso dilema), sino examinar su viabilidad articulada, en el marco de la reconfiguración de los sistemas de protección social. Su viabilidad depende casi enteramente de la voluntad política expresada en nuevos arreglos o pactos sociales y fiscales. Desde un enfoque progresista, el IBU podría jugar un papel articulador y de amalgama de un conjunto de prestaciones o transferencias monetarias, hoy condicionadas y focalizadas, de tal modo que se constituya en un instrumento de garantía a la existencia material de las personas. 

El IBU contiene un potencial emancipador de los ciudadanos: reduce la incertidumbre en el afrontamiento de los riesgos sociales, incrementa el grado de autonomía y, por ende, desata los nudos del paternalismo y el clientelismo. La certeza de contar con una base de ingresos para cubrir las necesidades básicas ampliaría las libertades positivas en aras de un republicanismo más asentado en una participación activa y menos manipulada.

El IBU contiene, también, un potencial redistributivo, en la medida en que se implemente paralela y concomitantemente una reforma tributaria y se ajusten las franjas de imposición acorde a la capacidad contributiva según los parámetros de justicia social. Los efectos de un aumento de la masa recaudada por concepto de impuestos al patrimonio, a las herencias, a las rentas del capital y del trabajo viabilizarían el financiamiento del IBU.

Contiene, asimismo, un potencial igualador con relación al género: proporciona un ingreso a las mujeres que podría favorecer su mayor autonomía económica y simultáneamente, mejorar las remuneraciones en el mercado formal.

El IBU contiene, por último, un potencial económico en cuanto es altamente probable que la masa de dinero circulante reingrese a los mercados locales y se incremente la demanda de bienes y servicios, y consecuentemente se generen nuevos puestos de trabajo.

El Ingreso Básico Universal necesita ser debatido sin prejuicios por toda la ciudadanía, con argumentaciones serias y fundadas. Remover y superar los obstáculos culturales —el trabajo remunerado es el único e inefable medio para la movilidad social ascendente— e ideológicos —la meritocracia y sus ideas conexas— no será tarea sencilla, sobre todo por el grado en que la racionalidad capitalista y competitiva ha permeado el pensamiento y los marcos normativos y éticos de las sociedades contemporáneas.

Este aporte, por cierto, constituye un esfuerzo por deconstruir prenociones en torno a los valores hegemónicos que forman parte del sedimento cultural acumulado durante muchas décadas. El ejercicio democrático presupone el despliegue de las capacidades de escucha, análisis y reflexión, con el ánimo de avanzar hacia estadios superiores en la prefiguración de nuevos formatos de bienestar más inclusivos, más equitativos, más solidarios; en suma, más humanos. ║

 

 

Palabras clave:

Christian Mirza
Ingreso básico universal
Renta básica universal
Thomas Paine
Philippe Van Parijs

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